El legislativo deberá atender vacíos legales de reformas constitucionales clave.
Multius (multiius.wixsite.com/misitio). El Congreso de la Unión se prepara para un periodo de sesiones decisivo. Entre el 1 de febrero y el 30 de abril, diputados y senadores deberán aprobar alrededor de 50 leyes reglamentarias derivadas de 13 reformas constitucionales aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante el último trimestre de 2024. Este reto legislativo es inédito tanto por el número como por la complejidad de los temas a tratar.
La mayoría de estas reformas fueron propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (10), mientras que dos corresponden a la presidenta Claudia Sheinbaum y una más fue impulsada por los líderes de Morena en ambas cámaras. Las leyes reglamentarias buscan dar operatividad y claridad a los cambios constitucionales en áreas como acceso a la información, derechos indígenas, seguridad pública, igualdad de género, y bienestar.
Entre los desafíos más relevantes está llenar los vacíos legales ocasionados por la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Ahora, dependencias federales como la Secretaría Anticorrupción y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) deberán asumir sus funciones, pero requieren un marco normativo claro para garantizar la continuidad de derechos fundamentales.
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que los legisladores deberán aprobar al menos 16 leyes por mes para cumplir con el calendario establecido. "Es una tarea ambiciosa, pero necesaria para consolidar los cambios constitucionales recientes", afirmó, sin descartar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
Uno de los temas prioritarios será la creación de una Ley General para los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, la cual deberá ser armonizada con 55 leyes secundarias. Para ello, se retomarán consultas con comunidades afectadas, garantizando su participación en la formulación de la legislación.
Por otra parte, leyes relacionadas con la protección animal, la industria eléctrica, y el transporte ferroviario, este último impulsado por la presidenta Sheinbaum, también deben ser discutidas y aprobadas en el primer semestre del año.
La presión del tiempo no solo pondrá a prueba la capacidad de consenso entre las diferentes fracciones parlamentarias, sino que también obligará a priorizar temas clave para evitar retrasos que puedan derivar en conflictos legales o sociales. El cumplimiento de estas metas será crucial para que las reformas constitucionales no se queden en letra muerta y se conviertan en herramientas de transformación para el país.
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