Tras debate y reservas, la reforma pasa al Senado para su discusión final.
Multiius (https://multiius.wixsite.com/misitio). La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (LFD), con 341 votos a favor y 95 en contra. Tras intensos debates y la presentación de múltiples reservas por parte de legisladores de distintas bancadas, la iniciativa fue remitida al Senado para continuar su proceso legislativo.
El dictamen generó un fuerte intercambio de posturas entre los partidos. La oposición acusó que los ajustes aprobados fomentan opacidad y aumentan la carga tributaria en sectores clave, mientras que la mayoría oficialista defendió la reforma como un instrumento para fortalecer la justicia social y garantizar recursos para los proyectos prioritarios del gobierno federal.
Entre los cambios más relevantes, la Ley Federal de Derechos incrementa las tasas de contribuciones en sectores como minería y servicios migratorios. La tasa especial sobre minería subirá del 7.0% al 8.5%, y la tasa extraordinaria sobre extracción de metales preciosos como oro, plata y platino se duplicará, pasando del 0.5% al 1.0%. Asimismo, la cuota por servicios migratorios en aeropuertos internacionales se elevará un 20%, aumentando de 185.91 a 223.09 pesos por pasajero.
Además, el dictamen incluye exenciones para comunidades indígenas y afromexicanas en el pago de derechos por servicios de telecomunicaciones, una medida que, según José Armando Fernández Samaniego, diputado de Morena, busca fomentar la inclusión social y reconocer la diversidad cultural del país.
Durante la sesión, diputadas y diputados presentaron varias reservas al dictamen con el objetivo de modificar algunos de los artículos propuestos. Sin embargo, la mayoría parlamentaria de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano logró consolidar el respaldo necesario para aprobarlo sin mayores cambios sustanciales.
El debate también destacó por las críticas de la oposición. Legisladores del PAN, como Héctor Saúl Téllez, señalaron que los nuevos cobros representan un “saqueo disfrazado” que afectará a sectores vulnerables. Por su parte, Emilio Lara, del PRI, denunció que esta reforma representa una mala distribución de la renta petrolera, asignando un 70% de los recursos a Pemex y dejando solo un 30% para los ciudadanos.
En contraste, Irma Juan Carlos, diputada de Morena, sostuvo que esta reforma es clave para garantizar la sostenibilidad de los bienes y servicios públicos del país. “La oposición miente; esta ley tiene una visión de justicia social y vela por el bienestar del pueblo de México”, afirmó.
Tras la aprobación en San Lázaro, la Ley Federal de Derechos será discutida en el Senado, donde se espera que continúen los debates sobre su impacto en sectores económicos y sociales. Mientras tanto, las posturas divididas reflejan la complejidad de las decisiones fiscales en un contexto de tensiones políticas y económicas.
Este resultado en la Cámara Baja marca un paso importante en la definición del rumbo presupuestal del próximo año, dejando al Senado la tarea de decidir el destino final de esta controvertida reforma.
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