Solicita a la Suprema Corte certeza jurídica y autonomía frente a represalias administrativas y penales.
Multius (multiius.wixsite.com). El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo declare legalmente competente para cumplir con las suspensiones emitidas contra la Reforma Judicial, sin que esto derive en responsabilidades administrativas o penales.
Santamaría Chamú concedió una suspensión definitiva al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, lo que frenó el proceso de selección de candidatos a jueces. Esta decisión lo colocó en el centro de una controversia con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que consideró que dicha resolución invadió su jurisdicción y ordenó dar vista al Consejo de la Judicatura Federal y a la Fiscalía General de la República para investigar posibles sanciones.
Ante este panorama, el juez michoacano pidió a la SCJN que otorgue garantías a los jueces federales para ejercer su función sin presiones externas, destacando que las resoluciones de amparo emitidas por su juzgado no están relacionadas estrictamente con asuntos electorales, sino con la reorganización y funcionamiento del Poder Judicial.
La solicitud fue presentada luego de que el CJF determinó concentrar todos los juicios de amparo contra la Reforma Judicial en tres juzgados de Zapopan, Jalisco. Sin embargo, el juez Santamaría Chamú aseguró que su competencia para emitir las suspensiones está respaldada por la Constitución y las leyes aplicables.
En su pronunciamiento público, el juez subrayó la importancia de que los juzgadores federales cuenten con certeza jurídica para desempeñar sus labores con independencia. Argumentó que la resolución del TEPJF de sancionarlo por presunta invasión de competencias representa una amenaza que puede coaccionar a otros jueces, vulnerando la autonomía del Poder Judicial.
El conflicto surgió en el contexto de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, que ha generado múltiples impugnaciones por parte de jueces y magistrados. Estos consideran que algunas disposiciones afectan la estructura y operación de los órganos judiciales.
La SCJN admitió recientemente atraer este caso para resolver la controversia sobre las competencias de los distintos órganos judiciales y garantizar el respeto al principio de división de poderes.
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