TEPJF instruyó al Senado realizar insaculación y enviar listas a la SCJN.
Multius (multiius.wixsite.com). En una decisión que redefine el rumbo del proceso electoral judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el Senado de la República sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial. La resolución, propuesta por la magistrada presidenta Mónica Soto y discutida en sesión privada, surge ante la negativa del Comité de reanudar el proceso de selección de juezas, ministras y magistradas, a pesar de una orden previa del órgano jurisdiccional.
El proyecto, aprobado con el voto de Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, establece que el Senado deberá emitir, en un plazo inmediato, los acuerdos, medidas y lineamientos para llevar a cabo el procedimiento de insaculación pública. Este proceso será continuo, público y transparente, generando listas de ternas y duplas conforme a especialidad por materia y garantizando paridad de género.
En los casos donde exista solo un aspirante registrado para un cargo, la candidatura pasará directamente a la boleta. Las ternas y duplas generadas serán enviadas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a más tardar el 4 de febrero, mientras que la Corte deberá emitir su resolución el 6 de febrero. De no aprobarse los listados, se aplicará la figura de afirmativa ficta, permitiendo al Senado remitir las candidaturas insaculadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para su inclusión en el proceso electoral.
El TEPJF también aclaró que no se llevará a cabo la evaluación de idoneidad de los aspirantes debido a la urgencia del proceso, que culminará en las elecciones judiciales de junio próximo. Además, se mencionó que la SCJN otorgó medidas cautelares a los integrantes del Comité Evaluador para evitar sanciones relacionadas con el incumplimiento. Sin embargo, dichas cautelares no detienen ni afectan el desarrollo del proceso electoral.
Esta decisión pone de relieve el papel del Senado en la organización de un procedimiento que garantizará la continuidad del proceso judicial bajo los principios de transparencia, igualdad y legalidad.
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