Legisladores exigen esclarecer los 5.5 millones de pesos del software irregular antes de avanzar.
Multius (multiius.wixsite.com). La adquisición de un nuevo software en el Congreso de Michoacán para implementar el voto electrónico ha quedado descartada, al menos hasta que se esclarezca el destino de 5.5 millones de pesos utilizados en la 75 Legislatura para un sistema que nunca se implementó. Así lo confirmaron integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y del Comité de Administración, quienes señalaron la falta de transparencia como el principal obstáculo para avanzar en este proyecto.
El escándalo se originó en 2021, cuando bajo la presidencia de Fidel Calderón Torreblanca en la Jucopo, se contrató el desarrollo de un software contable con la empresa E5 Software. La contratación, según se ha documentado, se realizó sin licitación pública y con procedimientos irregulares que involucraron a varios funcionarios, quienes firmaron contratos confidenciales para garantizar el uso exclusivo de la herramienta. Sin embargo, el software jamás operó, y los recursos destinados a su adquisición desaparecieron.
A raíz de esta irregularidad, en abril de 2022, los diputados Juan Carlos Barragán Vélez, Julieta García Zepeda y Eréndira Isauro Hernández, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta la fecha, no se han reportado avances en las investigaciones, lo que ha generado preocupación entre los actuales legisladores.
En este contexto, la diputada panista Teresita Herrera Maldonado aseguró que cualquier intento de implementar tecnología adicional en el Congreso quedará suspendido hasta que se esclarezca el uso de los recursos destinados al software anterior. "Está descartada una compra de un nuevo software en el Congreso, hasta que haya transparencia, porque más bien sabemos que hubo mucha opacidad", declaró la legisladora.
Por su parte, Juan Pablo Celis Silva, presidente del Comité de Administración y Control, ha enviado al menos dos requerimientos a la titular de la Contraloría Interna, Brenda Fraga Gutiérrez, para que informe sobre los resultados de las auditorías relacionadas con este caso. Sin embargo, no ha recibido respuesta. Celis adelantó que presentará un tercer oficio con el fin de presionar a la Contraloría para que entregue los datos solicitados y aclare el estado de las denuncias.
El caso ha generado indignación debido a que varios de los funcionarios involucrados en el contrato irregular continúan ligados al Congreso. Entre ellos destaca la propia Brenda Fraga, quien formó parte de la 75 Legislatura y actualmente encabeza la Contraloría Interna. Su omisión para esclarecer los hechos ha sido señalada como un obstáculo clave para avanzar en las investigaciones y las reformas pendientes.
Los legisladores consideran fundamental que se transparenten los recursos antes de discutir la implementación del voto electrónico o la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas. Según Celis Silva, esto permitiría que el Congreso recupere la confianza ciudadana y garantice que situaciones similares no se repitan en el futuro.
Mientras tanto, la falta de claridad en torno al destino del presupuesto federal empleado para el software continúa empañando la imagen del parlamento local y limitando su capacidad para modernizarse. Con denuncias en curso, pero sin respuestas concretas, el Congreso de Michoacán enfrenta la necesidad urgente de rendir cuentas a la ciudadanía.
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